El Centro de Derechos Humanos Víctimas de la Violencia Minerva Bello entregó el 7 de octubre de 2026 al Poder Judicial de la Federación las características físicas y las posibles ubicaciones de las siete personas privadas de la libertad el 24 de septiembre en el ejido El Balcón, municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, según El Sol de Chilpancingo.
La entrega ocurre dentro del amparo indirecto 412/2026 que promovió el director del Centro, José Filiberto Velázquez Florencio. El 5 de octubre, el Juzgado Noveno de Distrito con sede en Iguala concedió la suspensión y ordenó la búsqueda inmediata de las ocho personas bajo presunción de vida, a partir del paraje La Lajita y ampliable conforme aparezcan indicios. La resolución también obliga a revisar instalaciones policiacas, militares y centros de detención, hospitales y registros del Servicio Médico Forense, con informes de seguridad, movimientos bancarios y del Semefo en un plazo de tres días, de acuerdo con El Universal. El incumplimiento amerita multas y posibles consecuencias penales.
Velázquez Florencio acudió al Tercer Tribunal Colegiado, en Chilpancingo, con los datos que le requirió la autoridad. "Traemos información que nos ha requerido el Poder Judicial de la Federación como características físicas de las personas, posibles ubicaciones donde se los hayan podido haber llevado y toda la información que coadyuve a su localización", declaró. Añadió que las siete personas se encuentran en la región de Tierra Caliente, en Guerrero, y que "esperemos que todavía sigan con vida, por eso que se realicen las búsquedas siempre con la presunción de vida". Un menor de 12 años del grupo fue liberado el 1 de octubre.
El Centro pidió que las autoridades incorporen los indicios a sus planes de búsqueda y verifiquen los sitios descritos, de acuerdo con Infobae. Velázquez Florencio dijo que las familias se quejan de que las autoridades acuden al sitio y "no hay una búsqueda real", y pidió supervisión judicial: "Queremos que el Poder Judicial sea el garante de que se vigilen las actuaciones de las autoridades competentes". Sostuvo que la Fiscalía del Estado es la autoridad competente para las investigaciones, no los pobladores. El juzgado federal debe resolver el fondo del amparo y dar seguimiento a los informes y diligencias que ordenó.
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