El diputado local Jesús Parra García presentó el 30 de septiembre de 2026 ante el Congreso de Guerrero una reforma a la Ley Número 450 de Víctimas para crear el Observatorio Estatal de Seguimiento y Evaluación en Materia de Trata de Personas. La propuesta modifica el artículo 24 y adiciona el 35 Bis de esa ley.
La reforma complementa una iniciativa anterior, presentada en septiembre, que adiciona un Título Cuarto Bis a la Ley Número 417 en la materia, según Prensa Libre México. Esa ley, aprobada en 2016, creó la Comisión Interinstitucional, integrada por 18 dependencias y presidida por el Ejecutivo estatal, y encargó a la Secretaría de Seguridad Pública operar el sistema de información sobre el delito. Lo que faltaba, sostuvo el legislador, era el órgano que auditara y sistematizara esos datos. El asunto importa en Guerrero porque la iniciativa señala como zonas de riesgo a la Montaña y la Costa Chica, con población indígena y afromexicana, y a los polos turísticos de Acapulco, Zihuatanejo, Ixtapa y Taxco para niñas, niños, mujeres y adolescentes.
De aprobarse, la reforma define al Observatorio como un órgano de consulta, evaluación y seguimiento técnico con autonomía, adscrito a la Comisión Interinstitucional y abierto a la sociedad civil y la academia. La reforma también mandata a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas a mantener coordinación permanente con esa instancia, de acuerdo con El Sol de Chilpancingo. Durante la lectura ante la Mesa Directiva, Parra García dijo: «No basta con crear instituciones: hay que dotarlas de fuerza, de articulación y de mandato claro. No basta con proclamar derechos: hay que garantizar que se ejerzan». El diputado pidió que las adscripciones legislativas vayan acompañadas de partidas presupuestales reales y convocó a las bancadas a respaldar el dictamen.
El proyecto deberá dictaminarse en comisiones antes de llegar al Pleno del Congreso. Si se aprueba, la Secretaría de Finanzas y Administración deberá etiquetar recursos del Fondo para la Protección y Asistencia a las Víctimas, y el Observatorio deberá hacer público el seguimiento del delito en el estado.
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