El Congreso de Guerrero recibió el 4 de octubre de 2026 una iniciativa para perseguir de oficio las amenazas cuando involucren armas, explosivos o intimidación a quienes participan en un proceso penal, según El Sol de Chilpancingo.
Reforma los artículos 218 y 256 del Código Penal estatal y elimina la querella previa en esos casos. Hoy el artículo 218 sanciona las amenazas con 50 a 200 jornadas de trabajo comunitario o de 100 a 400 días multa, según Trazos Noticias.
El cambio de mayor efecto para una víctima es procesal. Bajo la redacción vigente, quien recibe una amenaza debe acudir al Ministerio Público y sostener la denuncia para que la investigación avance; sin querella, el expediente no se abre. La iniciativa traslada esa carga a la autoridad cuando la amenaza se acompaña de un arma, de explosivos, de una referencia a un grupo delictivo o de presión sobre testigos, peritos o jueces. El diputado Carlos Eduardo Bello Solano sostuvo que las amenazas se usan para condicionar decisiones, inhibir denuncias e interferir en investigaciones judiciales, y que «la protección exige que el Estado disponga de instrumentos normativos claros y proporcionales frente a conductas que, aun sin materializar de inmediato el daño anunciado, sean objetivamente aptas para afectar la libertad de actuación de las personas».
El proyecto se organiza en tres ejes: precisión normativa, proporcionalidad de las sanciones y diferenciación de las conductas de alto riesgo. Enumera como modalidades agravadas la amenaza de divulgar contenido íntimo sexual, la exhibición o el uso de armas, la amenaza de privar de la vida, el empleo de explosivos y la intimidación para obstaculizar una investigación penal. También precisa que la amenaza puede cometerse por vía verbal, escrita, telefónica o digital. Sobre el contenido íntimo, Bello Solano aclaró: «La presente reforma no vuelve a tipificar la divulgación consumada. Lo que se incorpora como modalidad agravada es la amenaza de divulgar ese contenido».
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia, que debe dictaminarla antes de que llegue al pleno. Mientras eso ocurre, quien reciba una amenaza en Guerrero puede denunciarla ante el Ministerio Público o la Fiscalía General del Estado.
Esta nota fue redactada con asistencia de inteligencia artificial a partir de fuentes locales verificadas y revisada por un editor humano antes de publicarse.
