El Congreso de Guerrero analiza una iniciativa para que el servicio social de las y los estudiantes de nivel superior cuente como experiencia laboral en los procesos de contratación, una propuesta de la diputada Gladys Cortés Genchi que revisa la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y que se dio a conocer el 19 de octubre de 2026.
Guerrero registró una tasa de desocupación de 1.1% entre abril y junio de 2026, una de las más bajas del país, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El mismo boletín, publicado el 25 de agosto, reporta que 77.6% de la población ocupada en la entidad trabaja en la informalidad, uno de los porcentajes más altos entre las 32 entidades.
Cortés Genchi argumentó que la exigencia de experiencia previa es una de las principales barreras para que las y los recién egresados accedan a un empleo formal, y sostuvo que la medida reconoce el tiempo que ya invirtieron en instituciones públicas y privadas. A escala nacional, 30.8% de las personas desocupadas en el segundo trimestre de 2026 tenía entre 15 y 24 años, de acuerdo con la misma encuesta del INEGI. En Guerrero, la discusión legislativa ocurre en un mercado donde la desocupación abierta es baja, pero la informalidad alcanza a más de tres de cada cuatro personas ocupadas.
El proyecto adiciona un párrafo al artículo 31 de la Ley Número 464 de Educación del Estado para que las autoridades educativas, en coordinación con las universidades, garanticen ese reconocimiento en las contrataciones. También modifica el artículo 6 de la Ley Reglamentaria del Ejercicio Profesional para ratificar el servicio social como requisito del título de licenciatura. Con la reforma, la Secretaría de Educación Guerrero emitirá los lineamientos para que las constancias de nivel superior certifiquen el periodo como experiencia profesional, de acuerdo con Bajo Palabra. «Garantizar que el tiempo invertido en el servicio social sea certificado con validez oficial, brindando una herramienta real de empleabilidad que haga justicia al esfuerzo de las y los estudiantes», argumentó la legisladora, según El Sol de Chilpancingo.
El siguiente paso es el dictamen de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología; después, el Pleno del Congreso decide si somete el proyecto a votación. Si avanza, la SEG deberá emitir los lineamientos que las universidades aplicarán en sus constancias de servicio social.
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